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Barandilla: Los violentos y las armas

Según afirman las autoridades, se calcula en México en cerca de 500 mil el número de personas muertas y desaparecidas en el trascurso de los gobiernos de los presidentes Fox, Calderón y Peña, cantidad que en su magnitud expresa no sólo el saldo de una fallida y prolongada guerra, sino las dimensiones de la tragedia nacional y de las tragedias personales y familiares de quienes han perdido a parientes y amigos; además ese elevadísimo número, siempre en aumento, es expresión de un fracaso gubernativo sostenido en el tiempo.
Para los violentos y sus oscuros intereses el fin justifica los medios, este es el principio rector de sus actos y desde luego la más peligrosa inspiración para utilizar cualquier medio: extorsionar, mentir, torturar, matar, traicionar, robar, no existirá obstáculo moral o legal que los detenga, porque desde su perspectiva las acciones que realizan están motivadas por la revancha de injusticias sufridas por ellos en el pasado, perpetradas por el Estado como orden establecido que ellos pretenden debilitar, corromper o desaparecer.
Cuando el fin justifica los medios, todas las personas son potenciales víctimas, incluidos los propios violentos quienes se sienten víctimas. Por este largo camino que lleva ya tres sexenios en México, hemos llegado a una situación para el país insoportable. Al parecer la apuesta por la violencia les confiere poder negociador; en ocasiones desde la oscuridad del secuestro y la extorción y en otras tal como hemos visto, toman vías de ferrocarril, plazas públicas, calles y avenidas y se instalan allí, causando graves daños a la sociedad, siendo siempre ellos quienes deciden las motivaciones y justificaciones de sus actos, estableciendo incluso las condiciones para dialogar y obtener lo que se proponen. Desde su perspectiva el gobierno en turno es el verdadero responsable del mal que ellos hacen.
Un país o una comunidad en que la transgresión a la ley llegó para quedarse, genera una dinámica social patológica de quienes viven por y para la violencia, imponiendo comportamientos y estilos de vida en el interior de domicilios, barrios y comunidades, donde lo indebido transita con regularidad, complicidad y casi normalidad, deformando la interpretación de los actos violentos que a fuerza de repetirlos y tolerarlos o permitirlos, se convierten en aceptados e incluso promovidos, por los pretendidos beneficios materiales que reciben al hacer de la violación al orden jurídico y moral un negocio, una forma de vida.
Conforme han transcurrido los años, sin solución real a este gravísimo mal social, la reinserción de los violentos se hace más difícil. Han generado ya un estilo de vida que se opone a la paz y al orden, porque con sus actos viven fuera de la ley, siendo incluso, en ocasiones perseguidos por las instituciones de justicia. Bajo esa perspectiva es evidente que su activismo destructor les es indispensable, generando una infraestructura organizada que los sostiene.
En el caso de los delincuentes que actúan por si mismos, la responsabilidad de sus actos es de ellos, pero en el caso de la delincuencia organizada, en realidad quienes cometen los delitos reciben un sueldo y son empleados de un creciente entramado social patológico que los apoya y sostiene, porque se beneficia de ello.
Ante la gravedad de este problema nacional de violencia, inseguridad y corrupción es frecuente que se conciba como solución la organización de foros y mesas de dialogo, que hasta el cansancio se han llevado a cabo sin el menor éxito. Para que en verdad el diálogo sea camino de solución es necesario que quienes dialogan estén dispuestos a escuchar y cambiar de actitud, pero quienes viven de la violencia conciben al receptor como víctima real o potencial y desde luego no están interesados en cambiar su conducta.
Si existe una solución, una salida a la creciente violencia que atormenta a nuestro país. Esa vía exige como condición de principio la renuncia a las armas; pretender que se puede dialogar con los violentos empuñando también armas, es simular una solución que la experiencia ha demostrado fracasada.
La delicada responsabilidad de gobernar exige fortalecer las instituciones jurídicas y judiciales de transparencia y combate a la corrupción y reconocer que no se pueden esperar resultados mejores haciendo lo mismo.
mcplataspacheco@gmail.com

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