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Funcionarios que falten a la Constitución deben ser sancionados: CFHG

“Ningún funcionario, dentro de los que se incluyen a los magistrados electorales de los Estados, estamos exentos del control jurídico de nuestros actos, resoluciones y responsabilidades, algunos, mediante el juicio político ante el Congreso de la Unión”, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Carlos Francisco Huitz Gutiérrez.
Lo anterior, luego de que el pasado 30 de enero del año en curso la Sala Superior del TEPJF dictó una tesis sobre un caso de juicio político a magistrados del TEEQRRO, incoado ante el Congreso del Estado, que no prosperó pues los demandados interpusieron un Juicio de Derechos Ciudadanos (JDC) ante la Sala Superior del TEPJF, quien resolvió que las únicas autoridades que pueden juzgar a los magistrados Electorales Locales son las Cámaras del Congreso de la Unión.
También se dijo que “los Congresos estatales no son competentes para juzgar y sancionar a estos magistrados, pues los mismos son nombrados por el Senado de la República”.
Al respecto, Huitz Gutiérrez dijo que “el juicio político como instrumento de control de la responsabilidad política de los servidores públicos, tiene la finalidad de sancionar a aquellos que, en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que vulneren a la propia Constitución o a las leyes federales”.
Mencionó que “ningún funcionario, dentro de los que se incluyen a los magistrados electorales de los Estados, estamos exentos del control jurídico de nuestros actos, resoluciones y responsabilidades, algunos, mediante el juicio político ante el Congreso de la Unión”. I JSR
Por lo anterior, indicó que “todos los  servidores públicos de este nivel nos debemos a la decisión de la democracia representativa encarnada en el Poder Legislativo y en tal medida, estamos sujetos al escrutinio público, a la rendición de cuentas y a los procedimientos jurídicos que garantizan la protección y la tutela de los derechos fundamentales y dentro de estos, de los derechos político-electorales de los ciudadanos”.
“Este es uno de los postulados esenciales del diseño de nuestro sistema electoral”, afirmó.
“Los magistrados electorales estamos comprometidos con el mandato de que impera la voluntad del electorado, en tanto no se compruebe fehacientemente lo fundado de los agravios o la procedencia de las causales de nulidad alegadas y que se encuentran debidamente probados los hechos denunciados”, añadió.
Huitz Gutiérrez dijo: “ello consiste básicamente en analizar a conciencia, bajo los principios que rigen los procesos electorales y particularmente los que rigen a las autoridades jurisdiccionales electorales, cada caso en particular, con plena libertad, imparcialidad, independencia y honestidad, pero también con profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”.

  • CAMPECHE
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