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Barandilla: La justicia de la Unión

Una de las grandes fortalezas del orden jurídico mexicano es el juicio de amparo. A lo largo de los siglos se ha configurado como la mejor defensa del ciudadano frente a la existencia de leyes inconstitucionales y frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades en el ejercicio del poder.
En la dinamica de la vida social, es frecuente que colisionen la fuerza del Estado y los derechos humanos de los gobernados. En esa disyuntiva tiene verificativo la posibilidad del juicio de amparo, precisamente porque en un Estado democrático el ciudadano no debe soportar ni padecer los abusos y las arbitrariedades del poder.
En la historia del derecho mexicano, la primera vez que se perfilan los lineamiento del juicio de amparo es en la Constitución de Cádiz de 1812, donde se establece la obligación de proteger la libertad, la propiedad y los derechos de los gobernados; los documentos posteriores, como Los sentimietos de la nación de Morelos o la Constitución de Apatzingán, tambien recogen ese compromiso y límite que el gobierno se impone de respetar en todas sus decisiones y acciones los derechos de los ciudadanos.
Es formalmente en la Constitución de 1857 donde de manera estructurada y bien definida se dedica un capítulo a las garantías individuales, señalando que ese conjunto de derechos del ciudadano deben ser siempre respetados por el gobierno, de manera que la persona solo podrá ser interrumpida en el goce de esos derechos por mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de esa acción.
Es la Constitución de 1917, la que nos rige, se contiene esta larga tradición de desarrollo jurídico del juicio de amparo como sistema de protección de los derechos humanos. Es importante hacer referencia en esta apretada síntesis a la gran aportación al derecho costitucional mexicano, que en su momento hicieron Mariano Otero, Crecencio Rejón e Ignacio Vallarta, fortaleciendo el razonamiento respecto de la necesidad de esclarecer los límites en la actuación de la autoridad respecto de los gobernados, respetando y protegiendo en todo momento sus derechos.
La evolución del jucio de amparo ha continuado y se ha extendido su protección, incluso contra los los actos de particulares cuando éstos actúan como autoridad, de manera que en todo momento los gobernados sean tratados con respeto a su dignidad y derechos.
La democracia como forma de gobierno no está exenta de riesgos y de abusos en el ejercicio del poder; desde antiguo se advierte esta preocupación que llevó a los juristas y legisladores a plantear, desarrollar y fortalecer el juicio de amparo, a fin de garantizar a los gobernados legalidad, certeza, seguridad y equidad en las acciones de gobierno.
En un país democrático es natural que los ciudadanos acudan a la autoridad judicial competente cuando el gobierno con sus acciones y decisiones lesiona sus derechos. Los gobernates saben o deberían saber que su poder es limitado y que ese límite es el orden jurídico que deben respertar, empezando por los derechos humanos de los gobernados; resulta extraño y fuera de lugar que el presidente y algunos legisladores se refieran con calificativos despectivos a los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos han promovido amparos contra ciertas acciones y decisiones del gobierno que les parece que violentan sus derechos; el juicio de amparo desde sus orígenes ha sido concebido como un freno al abuso del poder, vivir en democracia impone límites que garantizan a todos el amparo de la Justicia de la Unión.

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