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Barandilla: El Seguro Popular está enfermo

Cuando se analiza el nivel de satisfacción y bienestar de las personas, uno de los temas más sensibles tiene que ver con la salud. Este signo es el bien más preciado de una persona, respecto del cual todos los otros parecen ocupar lugares posteriores; sin salud, ningún bien es satisfactorio en verdad, y en el sentido inverso, con salud casi todas las calamidades y los males de la vida pueden ser superados.
Tal como corresponde, la Auditoría Superior de la Federación, presentó su informe en el mes de febrero pasado; cabe señalar que esta institución fue creada por mandato constitucional en 1999, y entre sus objetivos está el de vigilar el buen uso de los recursos públicos, precisamente porque quienes administran esos dineros tienen la obligación de rendir cuentas de su actuación, debido a que esos dineros que administra el gobierno provienen de los impuestos que la sociedad paga.
En el reciente informe de revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría señala, entre otros rubros, que la tercera parte de los recursos federales transferidos a los estados se identifican con el rubro de salud. Se trata de una cantidad cercana a los 21,000 millones de pesos, además de otras sumas también millonarias provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y del programa Prospera. Esto sugiere una sobreabundancia de recursos, en principio destinados a la conservación y mejora de los servicios de salud de los mexicanos, pero que en realidad no se advierte al visitar las clínicas y hospitales públicos, donde es evidente la precariedad, saturación, insuficiencia y escasez de medicamentos.
Las transferencias de recursos federales a los gobiernos de los estados por la vía del así llamado Seguro Popular, en realidad adolecen de un mal planteamiento en su dinámica y en su ejecución. Se trata de grandes cantidades de dinero que se asignan a los estados en la medida en que éstos acreditan la afiliación de personas a ese sistema de protección y cuidado médico, sin verificar si dichas personas no están afiliadas también a los sistemas formales de salud del IMSS o del ISSSTE; más aún, la sola afiliación acciona la transferencia de recursos, de manera que en los hechos no es posible comprobar si los pretendidos servicios de salud que ampara el Seguro Popular en verdad se prestaron a los afiliados, lo cual abre una brecha enorme de posibles desvíos de recursos.
El Seguro Popular fue creado para contener o mitigar los múltiples impactos negativos que la pobreza representa en la vida de millones de mexicanos sumidos en esa triste condición. La atención médica y sanitaria de los más vulnerables a la enfermedad debería ser una prioridad nacional, no solo atendida en la asignación de recursos, sino verificando que esos dineros se utilicen para lo que fueron designados.
Tal como se advierte, es urgente que las autoridades revisen, atiendan y en su caso sancionen las observaciones hechas por la Auditoría, de manera que, como es de esperarse, los servicios que ampara el Seguro Popular mejoren en calidad, eficacia y cobertura, precisamente porque la salud es condición para la realización de cualquier actividad productiva, y la calidad de vida de cualquier persona inicia por medir su estado de salud. Si existen los recursos, deben ser estricta y rigurosamente ejercidos conforme a su objetivo. Una vez más, se hace evidente que la transparencia en la administración de recursos públicos es el tratamiento que puede erradicar la enfermedad de la corrupción, que, como estamos viendo, al parecer se ha extendido hasta el Seguro Popular.

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