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Violento desalojo en Lerma

Sin aviso previo y con abuso de autoridad, derrumban casas a más de 100 familias

Sin aviso previo y con abuso de autoridad elementos de la Fiscalía General de Campeche (FGEC), antimotines de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y otros trabajadores del Gobierno del Estado desalojaron a más de 100 familias de la invasión “Tierra y Justicia” del poblado de Lerma; además derrumbaron las casas construidas con cartón, madera y bloques con maquinarias pesadas.
Asimismo, con el firme objetivo de evitar grabar o capturar fotografías del desalojo de decenas de familias en la invasión, por órdenes del Gobierno del Estado de Campeche policías y antimotines impidieron el ingreso de periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos de los diversos medios de comunicación.

EL DESALOJO, CON LUJO DE VIOLENCIA

El desalojo comenzó el pasado martes tras una orden emitida por un juez y se prolongó hasta este miércoles 20 de octubre del 2021, lo cual tomó por sorpresa a decenas de familias que viven en el lugar, algunos desde hace más de 10 años, pese a no tener los principales servicios públicos como agua y energía eléctrica.
El líder y representante del lugar, Antonio Damián García, y quienes adquirieron un predio coincidieron en que el martes personal de la Fiscalía informó que el desalojo solo era en los terrenos ubicados a espaldas de la Academia de la Policía por representar un peligro para las personas que habitan cerca del campo de tiro en caso de una bala pérdida.
Sin embargo, la mañana de este miércoles más de 150 elementos de seguridad entraron al lugar para extender el desalojo de varias hectáreas aledañas, con actitud amenazante, dando instrucciones de retirarse del lugar en menos de 24 horas pues había una orden cuyo documento a unos cuantos mostraron, pero no tenía sello alguno, coincidieron los invasores.

Damián García indicó que en la invasión hay más de 115 familias y en cada hogar los cuales fueron censados por el INEGI habitan entre tres a siete miembros entre niños, jóvenes y adultos mayores de hasta 95 años de edad.
Los terrenos pertenecen al Gobierno del Estado y hay libertad de gravamen lo cual se confirmó en diciembre del 2020 en la Ciudad de México, y en su momento hubo acercamiento en el Congreso del Estado con diputados de la pasada legislación, quienes se comprometieron en ayudar con las gestiones para adquirir legalmente los terrenos, sostuvo a la vez que reprobó que la orden de desalojo aparentemente fue dada por la gobernadora Layda Sansores Sanromán.
Mientras con la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) igual hubo acercamiento con el fin de obtener un registro formal de la colonia que colinda con los terrenos del Country Club y detrás de las inmediaciones de Ecosur.
“Estamos luchando por un pequeño patrimonio, no tenemos a donde ir, hay familias con dos o tres hijos, lo que queremos es una respuesta, no queremos que nos regalen los terrenos sabemos que va a tener un costo, estamos necesitados vivimos al día, no es justo que nos vengan a destruir nuestras laminas y todo lo que construimos y los postes que conseguimos bajo el sol”, expuso uno de los afectados.
Es de resaltar que en los únicos cuatro accesos a la zona se atrincheraron elementos de la PEP e impidieron en todo momento el ingreso de personas ajenas y la salida de los invasores incluso para ir a comprar alimentos y agua purificada, lo cual se consideró en un momento dado como privación ilegal libertad.
Las casas ubicadas a espaldas del Country Club y la Academia de Policía fueron las primeras en ser demolidas con apoyo de una retroexcavadora “Mano De Chango” y maquinarias de menor tamaño, pasándoles encima, destruyendo todo a su paso, hasta los árboles y unos sembradíos de maíz.
Los elementos de Seguridad también con machete en mano y motosierras procedieron a cortar las bases que sostenían las casas, independientemente de que ingresaron dos cuadrillas de al menos 60 trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), quienes apoyaron en las acciones de desalojo.
En todo momento se bloqueó el paso de quienes adquirieron los predios quienes pretendían recuperar sus pertenencias como herramientas de trabajo, tanques de agua, maderas, postes, alambres, ropa, colchones, hamacas, entre otros artículos personales, pero fue posible ingresar.
Con camionetas y patrullas elementos de seguridad algunos con pasamontañas y armas largas
informaban que no se podía retirar ningún objeto dentro o fuera de las casas hasta que estas fueran demolidas.
Dicha situación provocó enojo y no les quedó de otra que observar con lágrimas en los ojos y recriminar con la voz entrecortada en contra de la gobernadora Layda Sansores Sanromán y diputados del partido MORENA a quienes les dieron el voto de confianza.
Unos cuantos de los invasores como pudieron lograron sacar a sus animales de compañía, desde cerdos, aves de corral, perros y gatos, otros en un acto desesperado rociaron de gasolina sus casas de madera y las quemaron ante la mirada atónita de sus hijos menores de edad que estaban cerca.
Los servidores públicos, guiados por sus superiores entre estos el vicefiscal general, Jackson Villacís Rosado, para aligerar el desalojo fungieron como cargadores y ayudaron a trasladar las pertenencias de las familias en varias camionetas y volquetes.

IMPIDIERON EL PASO A LOS REPORTEROS

Durante el desalojo de más de 100 familias que invadieron varias hectáreas de terrenos en el poblado de Lerma, unos colindantes con los ejidales, en todo momento los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) intimidaron a los afectados, al igual que a los representantes de los medios de comunicación.
Durante el desalojo daban instrucciones de no grabar, ni tomar fotografías, pues de lo contrario serían retirados del sitio y no habría oportunidad de retirar sus pertenencias que estaban en los predios o en el interior de las casas algunas construidas con maderas, hojas de triplay, bloques, entre otros.
A una enviada especial de esta casa editora se le intentó despojar de su celular una vez que los elementos de la Policía Estatal Preventiva se percataron que estaba capturando evidencias del momento en que las pesadas maquinarias ingresaron al lugar para demoler las casas, unas realizadas de acuerdo a los propietarios desde hace más de 10 años.

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