Loading

Barandilla: Futilidad del orden legal

Durante el presente año se han celebrado innumerables encuentros académicos y políticos para reflexionar y exaltar el centenario de la Constitución Política de 1917. Con mayor o menor elocuencia y rigor histórico y jurídico, se han vertido argumentos, sugerencias, elogios y añoranzas respecto de sus autores y de su contenido, en el contexto de las múltiples modificaciones que a lo largo de 100 años se la han hecho a aquel texto centenario promulgado el 5 de febrero en la ciudad de Querétaro.
La necesidad humana y social de legislar y normar la vida y sus dinámicas es tan antigua que nos remonta a textos milenarios: el Código de Hammurabi, el Popol Vú, el Código Justinianeo, entre muchos otros y hasta nuestros días. Esta tendencia a adelantarse y prever escenarios de comportamiento social mediante la redacción de textos que prescriben, permiten, prohíben o sancionan conductas siempre ha sido expresión de quien detenta el poder. Esos enunciados se imponen a los gobernados estableciendo un deber ser, de obligado cumplimiento, dando vida a la ficción que en teoría recibe el nombre de pacto social.
A lo largo de la historia observamos que la dinámica social no necesariamente se ajusta a las normas y a los enunciados legales, porque los preceptos legales deben adaptarse a la vida social y no a la inversa; ya que por muy cuidada que sea su formulación y estudio, los esquemas jurídicos teóricos reiteradamente han demostrado ser realmente insuficientes para prever todos los casos, las hipótesis y las posibilidades de la libertad humana.
Las leyes y sus enunciados normativos son concebidos en un tiempo que queda detenido y marcado por una fecha, mientras la dinámica social se encuentra en permanente cambio y movimiento, de manera que la obsolescencia de la ley está inmersa en su misma esencia.
Una complejidad más debe ser considerada: la elaboración de leyes. Al ser en todos los tiempos expresión de quienes detentan el poder, es evidente que establece vínculos obligacionales que no son simétricos ni recíprocos; los deberes que se imponen al ciudadano no son los mismos que rigen al gobernante, así. Desde la posición de poder, con frecuencia se puede lo que no se puede, desde esa posición, las obligaciones legales simplemente se brincan o se ignoran, sencillamente porque quien hizo la ley, hizo la trampa, como tantas veces la realidad se ha encargado de demostrar.
En un ejercicio de revisión del texto constitucional que este año se festeja, en diversos foros y medios de comunicación se ha insistido en la necesidad de atender los abusos que se cometen en el nombramiento de servidores judiciales previsto en el artículo 97; hoy se sabe que más del 50% de quienes integran la estructura laboral federal son familiares, lo que supone redes de favores que lesionan la imparcialidad, la objetividad y la transparencia en la delicada tarea de impartir justicia.
La ley escrita, además de contener el germen de la obsolescencia, también supone el riesgo de la interpretación para adecuar el texto pretérito al hecho presente y allí es donde en realidad la literalidad de la norma y los principios generales del derecho sucumben ante las acciones de la política y el poder, de manera que las fuerzas y los intereses que entran en juego, en ocasiones se colisionan y vuelven legal lo ilegal, institucionalizando la injusticia maquillada de legalidad. El poder político desvinculado de la ética es una fuerza que arrasa con todo.

  • OPINIONES
error: Content is protected !!