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Barandilla: Entre lo barato y lo eficiente

La promesa de campaña de acabar con la corrupción es sin duda un anhelo social largamente postergado y que ha generado una extraordinaria expectativa positiva en torno de la futura gestión del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha anunciado diversas medidas de austeridad para erradicar lujos, privilegios y abusos que a lo largo de los años han hecho de los altos funcionarios de gobiernos personas que son miradas por la sociedad con repudio y sospecha.
El conjunto de mediadas de austeridad que AMLO ha propuesto han sido entendidas por la sociedad como necesarias, pero es también de reconocer que su real puesta en operación será muy difícil por las inercias y resistencias que ya desde ahora se advierten; en algunos casos serán necesario el empleo de muchísimos recursos y en otros debe aclararse con precisión el alcance de algunas de sus propuestas para que sea posible integrarlas a un plan estratégico de su gestión de gobierno. Por ejemplo en el delicado asunto de reducir el número de los servidores públicos de confianza, en muchos casos se trata de personas preparadas y especializadas, que desarrollan funciones de gran relevancia, de la misma forma que no necesariamente por tratarse de trabajadores sindicalizados es posible afirmar que en todos los casos son personas íntegras y competentes.
El criterio de selectividad laboral debería consistir en convocar a quienes están mejor preparados profesionalmente y con sus resultados de excelencia demuestran además compromiso con la vivencia de valores éticos aplicables al servicio público que prestan, de manera que se queden los mejores y no necesariamente los que reciben una paga menor; la precariedad salarial en modo alguno garantiza la eficiencia laboral.
Este asunto de la necesidad de reducir el número de burócratas y además reducirles al sueldo, pudiera ser una gran oportunidad de la gestión de gobierno que está por iniciar, para desarrollar y empezar a poner en marcha un verdadero sistema nacional de servidores públicos de carrera, tal como de hecho existe en muchos países de Europa, de manera que sean los méritos de integridad personal y de competencia profesional los criterios que determinen en las evaluaciones de desempeño quienes deben ser ascendidos y mejor remunerados y quienes no deben desempeñarse como servidores públicos.
Un elenco de complejos impactos sociales y en la vida de miles de familias trae consigo la posibilidad de reducir los sueldos de la alta burocracia o de plano prescindir de gran número de ellos. Por tan solo poner algunos ejemplos, es de esperar que los burócratas al dejar de recibir esos sueldos, impactarán de manera negativa el monto de la recaudación fiscal que realiza el SAT, y que constituye una parte importante del gasto del Gobierno Federal; por otro lado, está también el escabroso asunto de los miles de créditos hipotecarios y de automóvil que han sido contratados y están en curso al amparo de sueldos que al parecer dejarán de recibir los burócratas; el enorme crecimiento de la cartera vencida de los bancos puede traer graves problemas a la economía nacional y en general a la salud financiera del país.
Además es difícil pensar que los miembros del Poder Judicial, concretamente ministros, magistrados y jueces en activo o en retiro, estén dispuestos a someterse a esa dinámica de reducción salarial o de pensión, según sea el caso, porque se trata de personas que no fueron electos de manera democrática para desempeñar sus funciones, ni sus nombramientos pueden asimilarse al de los trabajadores de confianza, que es el caso de la alta burocracia.
En realidad no existen evidencias que vinculen los salarios bajos con la eficiencia en el servicio; tampoco serviría a México tener un gobierno pobre y un pueblo rico. Ese desequilibrio propiciaría mayores males que ventajas; desde luego los lujos y los abusos en la burocracia de cualquier nivel deben ser evitados y en su caso sancionados. La calidad de gobierno, de gobernante y de servidores públicos que México requiere con urgencia, deben identificarse con la austeridad y la eficiencia, de manera que la corrupción y la injusticia se erradiquen y el bien común se imponga en todas las acciones de gobierno para que en verdad mejore la calidad de vida de la población.
mcplataspacheco@gmail.com

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