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Barandilla: Austeridad e igualdad

Los expresidentes Fox, Calderón y Peña iniciaron su gestión de gobierno haciendo un llamado a la austeridad y ordenando medidas para contener, en cada ocasión, el abuso, la ostentación y el lujo en diversos aspectos de la administración pública. Como es sabido, a lo largo de los años de sus respectivas administraciones esas buenas intenciones en realidad tuvieron escasas o nulas concreciones, al punto de estar por concluir la gestión del presidente Peña en medio de gravísimos señalamientos de corrupción de exgobernadores, empresarios aliados del gobierno, altos funcionarios públicos e incluso el propio presidente.
Durante los años de su larga campaña en busca de la presidencia de México, AMLO ha insistido en la necesidad de revertir la extraña dinámica de ser un país con un gobierno rico, lleno de privilegios, lujos y excesos que es sostenido por un pueblo pobre. Ha sido muy claro en afirmar que no es posible que el enorme presupuesto público se gaste en el sostenimiento de la obesa burocracia y que no llegue a las personas, a los millones de mexicanos que tienen derecho a una mejor calidad de vida y a servicios públicos dignos, suficientes y eficientes. Con ese ánimo de austeridad el próximo presidente ha hecho público un pliego de propuestas de conducta para los servidores públicos, además de reformas legislativas y administrativas que estarán orientadas a hacer de su gestión un ejemplo de austeridad y de uso eficiente de los dineros públicos en beneficio de los millones de mexicanos en situación de pobreza. Según ha afirmado se van a terminar los bonos, las compensaciones y las partidas presupuestarias para todo tipo de gastos en automóviles, restaurantes, servicios médicos privados, viajes y ropa entre otros.
En el inicio de este mes de septiembre, en que están rindiendo protesta los nuevos legisladores, es importante que tengan presente que la austeridad debe caracterizar su gestión como un llamado de atención urgente para conducir la vida pública por cauces de moderación que eviten la ostentación y el despilfarro de los dineros que son de todos los mexicanos, pero que en los hechos a lo largo de décadas han servido para financiar la avaricia de algunos políticos que han entendido esa actividad, no como servicio público, sino como oportunidad para obtener impunemente riquezas y poder.
La vida en sociedad que garantiza el Estado supone el necesario acceso a los bienes y servicios que permiten realizar la vida en condiciones de dignidad, y de igualdad en tanto que como miembros de un país sus habitantes tienen derecho a gozar de los bienes comunes, además de cumplir con las obligaciones que el propio orden social impone como condición elemental de justicia.
La desigualdad social puede entenderse como la diferencia injusta en la calidad de vida que supone la lesión a los derechos de la mayoría del pueblo en beneficio de una minoría que disfruta en particular de bienes que son de todos.
El problema de la igualdad se ubica en el centro de todo programa de gobierno, porque supone las formas concretas de la justicia distributiva que la ética política señala, de manera que la calidad de una gestión de gobierno debe ser medida en función del avance o retroceso en términos de igualdad social. Se trata de una tarea tan difícil como urgente, que encuentra en la austeridad un signo claro de acierto.
A lo largo de la historia de la democracia los ideales políticos y sociales de quienes han aspirado a gobernar se han referido a la necesidad de lograr la igualdad social y económica, tanto en el ejercicio del gasto público, como en el ingreso de los ciudadanos y sus familias para hacer sus vidas. Avanzar por el camino de la austeridad en la gestión de gobierno y en el mayor y mejor acceso a los bienes y servicios públicos, debe ser la guía para erradicar en México la pobreza y la desigualdad; esta es una exigencia impostergable que impone el bien común.

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