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Recursos por 4.5 mmdp manejarán nueve Municipios

Recursos por cuatro mil 551 millones 128 mil 162.73 pesos solicitaron al Congreso del Estado los Municipios de Calkiní, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya, Tenabo, Campeche y Carmen, en sus presupuestos propuestos en sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. La mayoría no contempla contratar deuda pública.

En sesión ordinaria se dio entrada a las iniciativas, donde la alcaldesa de Calkiní, Juanita Cortés Moo, plantea ingresos por 239 millones 297 mil 617 pesos; el de Dzitbalché, Roberto Herrera Maas, 83 millones 946 mil 156; el de Escárcega, Silvestre Lemus Orozco, 370 millones 359 mil 425; y el de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, 198 millones 507 mil 317.

El edil de Hopelchén, Emilio Lara Calderón, 275 millones 663 mil 047 pesos; la de Seybaplaya, Cinthya Velázquez Rivera, 74 millones 429 mil 968; la de Tenabo, Karla Uc Tuz, 118 millones 306 mil 304; la de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, mil 545 millones 138 mil 950 pesos 73 centavos; y el de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, mil 645 millones 479 mil 378.

También fueron leídas y turnadas a comisiones las iniciativas relativas a las Tablas de Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2022.

Los Ayuntamientos de Calkiní, Dzitbalché, Escárcega, Tenabo y Carmen proponen la actualización de los valores catastrales, mientras que los de Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya y Campeche mantendrán los del 2021.

Asimismo, los Municipios de Calkiní y Escárcega prevé contratar financiamiento público, en tanto que Dzitbalché, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya, Tenabo, Campeche y Carmen no, pero dejan abierta la posibilidad de solicitar créditos hasta por el seis por ciento de su presupuesto anual.

Asimismo, fueron leídas y turnadas a comisiones dos iniciativas promovidas por la gobernadora Layda Sansores Sanromán. La primera para reformar los artículos 106, 108, la fracción V del artículo 110, el primer párrafo del artículo 147 y el artículo 170, del Código Fiscal del Estado, para reducir de 15 a seis días las notificaciones por estrado a contribuyentes deudores por parte del Servicio de Administración Fiscal del Estado (SEAFI), y facultar a realizar embargos de bienes muebles tangibles e inmuebles, así como multas establecidas en la misma legislación.

Y la segunda, para reformar la denominación del Capítulo VII ‘Por Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus órganos administrativos desconcentrados’ del Título Tercero; el primer párrafo del artículo 72; la fracción II del artículo 79-C; los artículos 79-D y 79-H y adicionar el artículo 79-I, a la Ley de Hacienda del Estado.

Lo anterior, para que los servicios de salud, medicamentos e insumos que se otorguen a personas sin seguridad social sean gratuitos y regidos por lo establecido en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud y el acuerdo de coordinación que para tal efecto se haya celebrado con el Instituto de Salud para el Bienestar.

Y para que los Poderes Legislativo y Judicial, así como las Secretarías, dependencias y entidades de la administración pública del Estado, los organismos públicos autónomos y, en su caso, los Municipios, paguen los derechos establecidos en los incisos b) y c) de la fracción I del artículo anterior, cuando se trate de publicaciones de convocatorias para licitaciones públicas, edictos y cédulas de notificación, así como de los documentos cuya inserción ordenen en la sección correspondiente del Periódico Oficial del Estado.