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Exigen justicia

Que no quede impune y que el responsable dé la cara”, señaló con el dolor a flor de piel, Alicia Hernández Juárez, madre de la mujer embarazada y abuela de la niña que fueron atropelladas, junto a un elemento de la Guardia Nacional (GN), la noche del pasado sábado en la avenida José López Portillo, donde los adultos perdieron la vida.

Hernández Juárez pidió a la gobernadora Layda Sansores Sanromán no dejar impune este crimen que ha enlutado a su familia; que den con el responsable y le aplican todo el peso de Ley.

“Lo que yo pido a la gobernadora que por favor se haga justicia, que no quede este crimen impune; como también le pido a la ciudadanía en general si alguien sabe, conoce a esta persona responsable por favor acérquese ante las autoridades a informar”, refirió.

El cuerpo de su hija Claudia Esther García Hernández, quien contaba con 30 años de edad y ocho meses de embarazo, fue velado ayer junto con el de Francisco Aké Moreno, integrante de la GN, quienes fallecieron el sábado 22 de enero.

La niña de ocho años continúa grave y en terapia intensiva en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

Alicia Hernández  solicitó la ayuda a los ciudadanos, no solo para dar con el responsable sino para recibir ayuda psicológica para la menor.

“Le pido ayuda, porque necesitaremos terapia para decirle a la niña que ya no está más su mamá. Ahora está con ella su papá y no sabemos que va a pasar como va a evolucionar”.

De nueva cuenta, pidió la intervención de los ciudadanos para dar con el automovilista responsable, quien ha eludido la acción policíaca.

De acuerdo a información proporcionada, la hoy occisa Claudia Esther había terminado su relación con el padre de la niña de ocho años y había iniciado una nueva, estaba empezando un negocio de venta de comida y la noche del sábado salió con su excuñado -hermano del padre de la niña-.

“Era maravillosa, una persona luchadora, trabajadora, amable, caritativa, no es justo que por una persona tan imprudente, tan irresponsable no tenga a mi hija ni a mi nieto”, refirió al punto del llanto.

Reveló que ninguno de los familiares del automovilista se ha comunicado con ella y sí exigió al conductor que diera la cara para hacerse responsable.

i LES DAN EL ÚLTIMO ADIóS

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós a Claudia Esther García Hernández y a Francisco Aké Moreno, cuyas vidas fueron cortadas de tajo tras ser atropellados en la avenida José López Portillo.

La tristeza y el dolor desfiguraban rostros con ojos hinchados y enrojecidos de los familiares, quienes tenían una sola exigencia a la sociedad, a la autoridad y a Dios mismo, justicia.

Los cuerpos de las víctimas de homicidio culposo fueron entregados durante el transcurso del domingo 23 de enero tras el accidente del sábado 22.

A Claudia Esther y Francisco los velaron en el predio de Alicia Hernández Juárez, ubicado en la calle Milagros entre Margarita y Justo Sierra de la colonia Miguel Hidalgo.

En la calle se respiraba un silencio bajo un cielo brumoso; un frío calaba los huesos y no era precisamente por el frente frío. En punto de las 15:40 horas se empezaron a escuchar cánticos, mientras que los hombres disponían de los féretros para subirlos a la carroza.

Los trasladaban a la misa de cuerpo presente que se celebró en la capilla “San Martín de Porres” de la misma colonia.

i HASTA 45 AÑOS DE CÁRCEL

La abogada de las familias afectadas, Zhaira Contreras Cuevas, expuso ante los medios de comunicación, que las autoridades judiciales y Seguridad Pública no lograron detener al responsable de esta tragedia que embarga en la tristeza a una familia con sus amigos.

“El familiar de las víctimas interpuso la denuncia por los delitos de homicidio de tres personas, y por lesiones en la carpeta AC-2/2022-594”, indicó.

Mencionó que, pese a la gravedad de la desgracia que ocasionó el responsable de acabar con la vida de una embarazada, un joven y lesionar a una menor, este según la Ley sólo alcanzaría una pena de los cinco a los 15 años de prisión por cada persona que privó de la vida, más el pago reparatorio en dinero, es decir que podría ser sancionado con 45 años de cárcel.