Aunado a los constantes recortes presupuestales, ahora la gobernadora Layda Sansores San Román pidió al Congreso del Estado modificar la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, a fin de que se sean los Municipios los responsables del tránsito municipal, la semaforización y señalización, y que cuando no puedan, el Gobierno Estatal se haga cargo mediante convenio, y en caso de diferencias, será el Congreso la instancia donde se resolverán estas.

Ante el conflicto que prevalece entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche, donde la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a cargo de Marcela Muñoz Martínez, y la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, se han enfrentado en el tema de los semáforos, Sansores San Román envió una iniciativa ayer para que sus diputados de MORENA avalen los cambios a la legislación en materia de vialidad y tránsito y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado.

Entre los artículos a modificar se encuentra el 50, donde se propone que “los Ayuntamientos tendrán a su cargo el ejercicio del Servicio Público de Tránsito y la vigilancia del mismo” y se añade que “cuando algún Ayuntamiento esté imposibilitado para prestar el servicio público de tránsito y su vigilancia, por razones económicas o administrativas, podrá celebrar un Convenio para que el Estado se haga cargo de la prestación temporal del servicio público y su vigilancia, de manera directa o a través del organismo correspondiente”.

En la iniciativa, el Gobierno del Estado busca quedarse con el total de la recaudación por concepto de servicios de tránsito, cuando se encargue de esta cuestión, tal como lo plantean en la fracción  IV: “Si el Estado es quien prestará en su totalidad el servicio público de tránsito, corresponderá al Estado el 100 por ciento de la recaudación de los derechos de la prestación del servicio público de tránsito, así como de lo recaudado por las multas e infracciones…”

Se agrega un artículo 50ter para definir que en “caso de que no se encuentre suscrito el Convenio, el Municipio deberá solicitar al Congreso del Estado su conformidad para que el Estado asuma la prestación del servicio público de tránsito, lo cual deberá ser aprobado, cuando menos, por las dos terceras partes de las y los integrantes de la Legislatura Local…”

También precisa que “cuando se presente algún conflicto entre los Municipios y el Estado por la falta de suscripción de los convenios mencionados, aquéllos podrán solicitar al Congreso del Estado que resuelva lo conducente, quien requerirá a ambas partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, dirimiendo el asunto que se plantee”.

En la misma sesión, el Congreso Local reformó el Código Penal del Estado de Campeche y la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, para establecer penas más severas en materia de maltrato animal con cárcel de hasta ocho años de prisión y multa de 500 UMAS a quien ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros.