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Acusaciones contra EFM solo son persecución política, dice Paul Arce

Mientras que el secretario regional del PRI Nacional, Luis Alonso García Hernández, calificó de “inepto y valemadrista” al actual gobierno estatal y al fiscal general del Estado, por la falta de voluntad e interés para atender el conflicto del bloqueo a la carretera Costera del Golfo en Carmen, donde ni siquiera enviaron representantes para mediar, el coordinador parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MOCI) en el Congreso del Estado, diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, expuso que las acusaciones de la mandataria estatal contra Eliseo F.M. se tratan de una persecución política, porque todo ha sido mediático y no ha actuado, ya que no tiene pruebas de nada.

En tanto, diputados locales y dirigentes estatales de los partidos Movimiento Ciudadano (MOCI), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en que los presuntos desfalcos millonarios de la gobernadora Sansores San Román cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, para beneficiar con contratos directos a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores y a Walter Patrón Bacab, actual vocero del Gobierno del Estado, deben ser investigados y sancionados con todo el peso de la ley, por lo que  consideraron necesaria la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para esclarecer estos presuntos desvíos de recursos.

Por separado, la legisladora mocista, Mónica Fernández Montufar, sentenció que el Poder Judicial tiene que investigar y fincar responsabilidades, y confió en que la justicia sea pareja para todos, y no solo contra las personas que la mandataria estatal considera que le hacen sombra.

Recriminó que los de MORENA se vanaglorian que no mienten, no traicionan y no roban, pero los habitantes de Álvaro Obregón han dicho que ha sido la peor alcaldesa y la peor administración.

Y su compañero de bancada, Paúl Arce Ontiveros, opinó que la actual alcaldesa Lía Limón debe denunciar para que la Fiscalía Anticorrupción capitalina haga su trabajo.

“La UIF sí podría intervenir, ya está claro a quien se le dio el contrato; habría que revisar si se otorgó el servicio o hacia donde fue el dinero. Lo tendría que determinar la Fiscalía, dependiendo del tipo de denuncia, sí fue porque no se prestó el servicio, por peculado o si es por intereses”, asentó.