Loading

Instruye Sedena a CNDH ignorar queja contra ella

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).— La Secretaría de la Defensa no sólo se resistió a entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que se dio el lujo de instruir a la CNDH para que ese organismo ignorara una queja interpuesta por el comité de madres y padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, según se desprende de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya.

Revelada la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso Ayotzinapa, la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval González se tomó la libertad de instruir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para cerrar una queja interpuesta por el comité de madres y padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Alineada al discurso presidencial, que justifica la militarización de la seguridad pública, la CNDH —que preside Rosario Piedra Ibarra— solicitó a la dependencia información relacionada con una queja presentada este año sobre la actuación de la Sedena en el esclarecimiento del caso y el resultado de su colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), respectivamente.

En un escrito fechado el 28 de julio de 2022, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Ángel Primitivo Flores González, instruye al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, “se determine la conclusión de la presente queja”, la CNDH/2/2022/505/Q, presentada por el comité de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente a esta Secretaría de Estado”.

El documento forma parte de los millones de archivos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, muchos de ellos relacionados con el caso Ayotzinapa, como reconoció en su reciente conferencia de prensa el GIEI, que cita las comunicaciones “no desmentidas”, en las que muestran un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán (José Martínez) Crespo, e indicaciones de asesores militares de adecuar las declaraciones militares a la versión oficial de la época.

La mención no explícita del hackeo en el posicionamiento del GIEI, surge del reclamo de la falta de entrega de archivos que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluyen escuchas o interceptaciones telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y del 4 de octubre de ese mismo año, entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales en los archivos de la Sedena, que muestran que se tenía conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando.

LOS
“PANTALLAZOS”
El 31 de octubre, último día de su mandato, los expertos Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox dieron a conocer el peritaje forense a 467 capturas de pantalla de aparentes mensajes de WhatsApp entre presuntos implicados de la desaparición de los estudiantes, que forman parte del informe de la presidencia de la Covaj, concluyendo que “no pueden considerarse como una prueba digital”, al no contarse con los dispositivos digitales supuestamente utilizados para enviar los mensajes.

En la conferencia se anunció el retiro del caso de Paz y Paz y Cox, y la permanencia de Beristain y Buitrago dos meses más para dar seguimiento a la indagatoria, luego de la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo y buena parte de su equipo, luego de que por indicaciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR solicitó la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión otorgadas por un juez federal.