El pasado mes de mayo fue obligado a renunciar a la Presidencia del Gobierno de España Mariano Rajoy, derivado del minucioso y extenuante trabajo de investigación que durante ocho años realizó un equipo de Fiscales Anticorrupción entregados a la tarea de investigar y esclarecer las finanzas, la contabilidad extracontable del Partido Popular del depuesto Rajoy, que gobernó de 2011 a 2018.
Se trata del caso mas grave de sobornos, cohecho y corrupción registrado en la historia de España. A lo largo de los años de indagatorias y pesquisas los Fiscales Anticorrupción lograron superar las evasivas y adversidades y atar los cabos y reunir las evidencias de la enorme red de corrupción tejida entre un grupo de empresarios y destacados miembros del Congreso y del propio Gobierno, que recibieron enormes cantidades de dinero a cambio de la adjudicación a modo de contratos de obra pública. Hasta el momento han sido juzgados y encontrados culpables 37 implicados y desde luego el propio Partido Popular, por haber sido considerado por el juez de la causa partícipe a título lucrativo de estos hechos ilícitos.
La abundante evidencia registrada en muchos países respecto al poder corruptor del dinero proveniente, en principio, de empresarios que hacen negocios a modo con los políticos y los presupuestos y proyectos de obras públicas es tan frecuente y enorme, que hizo nacer la así llamada Fiscalía Anticorrupción. El ejemplo de eficacia y transparencia mostrado en este lamentable caso español deja en claro la independencia y profesionalismo de su trabajo, la libertad y legalidad de su criterio y la transparencia que finalmente lograron, al hacer evidente ese modo corruptor de negocios entre los empresarios y los políticos, que solo beneficia a ellos y lesiona la credibilidad de las instituciones y el bien común.
La contabilidad extracontable o caja b, con que se financian campañas políticas y toda suerte de lujos y excentricidades de los políticos en funciones, ofende a la ciudadanía y desvía de su objetivo a los actos de gobierno, porque la política no debiera ser entendida como negocio, ni espacio u oportunidad para hacer fortunas mal habidas. La política es servicio que debe ser remunerado, pero sin permitir el abuso del poder.
La obligación de rendir cuentas y hacer trasparente el uso, aplicación y administración de los dineros públicos, es deber elemental de los políticos y funcionarios que por la naturaleza de sus cargos disponen de esos presupuestos, ante la posibilidad de usos indebidos. En todo gobierno democrático deben existir órganos de vigilancia autónomos, capaces como en este caso español, de llegar a las últimas consecuencias, aunque eso suponga deponer a un gobernante, a su partido político y a destacados integrantes.
La consolidación de las instituciones democráticas es equivalentes a las raíces, fuertes o no con que crece el árbol del Estado de Derecho, ese conjunto de leyes y de administración gubernativa que organizan los cauces de la vida social y ciudadana en el marco de la legalidad y la transparencia. Por lo visto en este caso. España cuenta con esa consistencia moral institucional fraguada a la largo de los años, capaz de contener y sancionar la corrupción proveniente de cualquier instancia de gobierno y poder.
Cuando en México nos preguntamos y lamentamos por la rampante corrupción que asfixia la vida ciudadana, es necesario reconocer que las leyes y la institucionalidad que las articula son deficientes y en ocasiones inexistentes. El Estado de Derecho sólido y articulado es indispensable para erradicar las trampas, transas y sobornos que confunden la acción política con el negocio de quienes detentan el poder. La fortaleza de las instituciones no exime de errores que son parte de la condición humana, pero vuelve más difícil violar la ley y no ser sancionado. La impunidad es incompatible con el bien común que da razón de ser a la política.

Dra. María del Carmen
Platas Pacheco [email protected]