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Para pedir ayuda a los diputados y a la gobernadora Layda Sansores Sanromán, en la regularización de 596 hectáreas de tierra de las que fueron desalojados arbitrariamente, pues acusaron que el expediente permanece congelado en el Juzgado de Distrito desde 1968, campesinos del ejido Nuevo San Antonio Ebulá se manifestaron en el Congreso del Estado.
Acompañados del presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP), Reyes Ramírez Padilla, su representante de Asuntos Agrarios, Juan Francisco Villalobos Balan, reveló que son 89 familias afectadas por el tortuguismo de las autoridades judiciales y agrarias, quienes sexenio tras sexenio se han declarado incompetentes para resolver el asunto.
Recordó que la Constitución establece que en México está prohibido el acaparamiento de tierras y los latifundios, por lo que repudió que se esté favoreciendo al supuesto propietario, Carlos Daniel Escalante Castillo, y pidió al Poder Legislativo que legisle para castigar a servidores públicos y abogados que promueven y/o defienden este ilícito.
Además, desmintió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de que no existe ninguna solicitud de regularización de tierras por parte los habitantes de Nuevo San Antonio Ebulá, al revirar que hay documentos con la fecha del censo realizado e incluso, se lotearon los terrenos.
“Nadie nos ha dado solución, que nos hagan justicia y regularicen las tierras, no estamos pidiendo nada fuera de la Ley. No podemos trabajar porque si trabajamos llegan y lo destruyen”, fustigó, y condenó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHECAM) se ha negado a intervenir.
