Fue acusado de desvío de recursos y peculado dando su nombre

Ante la denuncia que interpusiera el extitular de la Coordinación Jurídica de la Comuna, Sergio Alfonso Pech Jiménez, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se determinó a través del oficio PRES/VG/1966/2016/Q-195/2015 que no se respetó la “Presunción de Inocencia” y se violaron los derechos humanos tanto del denunciante como la de su familia.
La queja interpuesta el dos de diciembre por el exfuncionario del área jurídica de la administración 2012-2015, Sergio Pech Jiménez, señalaba que el contralor José María Pérez Vega, además del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, expresaron en diversos medios de comunicación que era acusado de desvíos de recursos y peculado, dando su nombre.
En diciembre del 2015 José María Pérez Vega, señalo: “En el caso del excoordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Carmelita, Sergio Pech Jiménez, existen elementos suficientes para considerarlo probable responsable de peculado, por lo que hace dos semanas se interpuso una demanda penal en su contra”.
Pero la CODHECAM constató ante la autoridad investigadora que tanto en la Vice Fiscalía Regional de Carmen, como en las oficinas centrales de Fiscalía General en esta ciudad capital, no existe alguna denuncia en contra de dicho ciudadano, comprobando que los funcionarios de la actual administración no solo violentaron los derechos humanos de Sergio Pech, sino que también mintieron al asegurar que ya había un proceso penal por la supuesta causa.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche afirmó que sí se acredita en agravio de Sergio Alfonso Pech Jiménez, la violación a derechos humanos calificada como violación al derecho a la Presunción de Inocencia, además de la violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica consistente en dilación en el procedimiento administrativo.
Es decir, tanto el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, como el contralor José María Pérez Vega, son culpables de entorpecimiento malicioso o negligente en la investigación de infracciones administrativas realizado por las autoridades o servidores públicos municipales.
Pero la Comuna, no tomando seriamente la recomendación de la CODHECAM, han violentado nuevamente las disposiciones emitidas por el órgano rector en materia de derechos humanos, pues en el oficio se determina que el Ayuntamiento del Carmen debió publicar de forma íntegra la resolución, como un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio a favor de la víctima.
Pero ni Francisco Tomás Otero Alcocer, director de la Unidad Municipal y Acceso a la Información Pública del Carmen (UMAIP) o Brenda del Carmen Escarpulli Siu, directora de Comunicación Social (DICOSO), han realizado algún tipo de acción para que este documento oficial sea publicado en la página oficial de UMAIP o en los medios de comunicación, financiados con recursos del presupuesto anual de DICOSO. VMG