El reclamo por parte de extrabajadores de la hoy compañía en quiebra, Oceanografía, dejó en evidencia que la Junta Especial N° 1 de Conciliación y Arbitraje no puede ejecutar los embargos en contra de la hoy extinta petroempresa, ante la presentación de un oficio por parte de la Procuraduría General de la Republica (PGR), que indica que los bienes e inmuebles continúan bajo proceso de investigación por parte del Ministerio Público del Fuero Federal.
Trabajadores despedidos injustificadamente de Oceanografía que habían ganado laudos, como Aarón Díaz, mostraron copias del oficio CGII/F3/1415/2016 derivado del expediente 57/2011, donde se señala que en el caso de la embarcación Caballo Azteca, no puede ser vendido porque aun continúa bajo proceso de investigación federal, y determina que es de suma importancia el aseguramiento ministerial del navío para que no fuera vendida, ocultada, desmantelada o perdida, lo que pondría en peligro la operatividad de Oceanografía.
Este recurso legal realizado por la PGR, junto con la decisión del Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, de otorgar el amparo indirecto 97/2016-II promovido por Oceanografía, genera una afectación para los 97 obreros que tienen laudos ganados en la Junta Especial N° 1 de Conciliación y Arbitraje.
Ante esto, los obreros despedidos injustificadamente en los dos años que ha ejercido el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), señalaron que esto solo es una estrategia legal para que Amado Yáñez Osuna pueda recuperar las riendas de Oceanografía y continuar ganando contratos con Petróleos Mexicanos, pues la intención de seguir con el acuerdo entre OSA y lo acreedores, daría nueva inyección de recursos económicos que permita que la empresa repunte en 2017 y, con ello, revertir los casi tres años de intervención del gobierno, sobre todo que la demanda de Banamex fue sobreseída a favor de la petroempresas.
Los obreros se cuestionan por qué no se realiza el aseguramiento de otros activos que no han sido embargados, como los 14 barcos que fueron liberados por la PGR a principios de año y que actualmente están arrendados, y solo se aplica el proceso judicial al barco Caballo Azteca, destinado a la venta para pagar laudos laborales.  VMG