Apicultores presentarán queja administrativa

La burla y la violación a los derechos humanos de los funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  a las comunidades indígenas que solicitan información sobre la siembra de soya transgénica pese a la prohibición del Poder Judicial, motivó que este 14 de noviembre presentarán una queja administrativa en el órgano interno de estas dos instancias del gobierno federal, anunció la presidenta del Colectivo Apícola de Los Chenes, Leydi Pech Martín.
En conferencia de prensa, acompañada de representantes de varias comunidades, como Suc Tuc, Bolonchén de Rejón, Crucero San Luis e Ixcanocacal, calificó de grave que se sembrara soya transgénica pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo prohibió y la confirmación de productores de Iturbide que lo reconocieron en la reunión del 30 de junio.
Afirmó que se le exigió a la SENASICA y a la SAGARPA información sobre el procedimiento a las parcelas y los plantíos, sin embargo la SENASICA primero argumentó que no sabía cómo hacer el procedimiento de monitoreo.
Añadió que posteriormente dijo que se llevó a cabo un monitoreo en 55 parcelas en donde se tomaron muestras y se registró que ocho tenían rastros de soya transgénica, sin embargo luego  rectificó diciendo que en solo una parcela se detectó rastros de la semilla genéticamente modificada aunque  no sabían la ubicación de la parcela.
Recordó que los productores de Iturbide reconocieron que habían sembrado con semilla transgénica, aunque luego la SENASICA dijo que no había tal siembra, por lo que consideró una burla dichas declaraciones a los indígenas y a sus comunidades como una violación al derecho de estar informada.
Planteó que si estos funcionarios públicos no pueden realizar adecuadamente su función, deben ser destituidos del cargo, ya que no tienen la capacidad o no pueden hacer el trabajo como corresponde.
Aseveró que no tienen contemplado realizar ningún tipo de manifestación ni movilización, sino únicamente quieren que se respete la ley y que se castigue a quienes incurren en violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas.
Significó que su postura es que se resuelvan las diferencias en un marco de respeto y de aplicación de la ley, dándole la razón a quienes cumplen con la misma.
Se pronunció a favor de una zona libre de transgénicos, y no solo Campeche, como se ha propuesto  sino toda la Península de Yucatán, ya que en  Mérida en donde ya se tienen avances importantes en este rubro.
Aseguró que no están en contra del desarrollo sino de que se  cumpla con la normatividad, de que todos los proyectos industriales cuenten con su estudio de impacto ambiental para que todos puedan vivir y trabajar en forma conjunta. WCV