En el marco de la firma de Convenio de Colaboración para realizar acciones de capacitación ente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Tribunal Superior de Justicia del Estados para la capacitación de traductores–intérpretes en el Sistema de Justicia Penal, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas resaltó que una vez más el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) coloca a la ciudad de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen entre las ciudades con un sistema de derecho confiable.
El Ejecutivo Estatal destacó en el evento la presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga; de Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del cónsul general de Guatemala en la Península de Yucatán, Eduardo Montenegro Singer.
“El nuevo Sistema de Justicia Penal es un parteaguas de la historia moderna en nuestro país. Es un salto del pasado al futuro; es en el presente, un nuevo modelo de justicia oral, ágil, pronta y expedita, cercana y certera. Pero para que el nuevo Sistema tenga éxito, todas las personas deben poder acceder a él. Justicia para todos es justicia genuina, justicia selectiva es injusticia”, señaló.
Moreno Cárdenas resaltó también que San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen están entre las 10 ciudades mexicanas con un sistema de derecho confiable, siendo la primera Entidad en el país en tener dos poblaciones entre las primeras con mejor sistema jurídico.
Reiteró que lo anterior es parte del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en su índice de competitividad urbana 2016. “Según el IMCO, también Campeche es la primera de todo México y Carmen, la séptima, con un sistema de derecho más confiable y más objetivo”.
En su intervención, la directora general de la CDI reconoció el trabajo que se realiza en la Entidad, al ser la primera en suscribir el convenio de coordinación, e indicó que este va a permitir asesorar legalmente a los indígenas que han sido acusados de algún delito o que muchas veces no cometen y no pueden defenderse por la falta de recursos o porque no hablan español. ARM